Colombia, corredor minero en Cesar y Magdalena

En el centro del departamento del Cesar, en el noreste del país, Glencore Xstrata es propietaria de las minas “Calenturitas” y “La Jagua” a través de su empresa filial Prodeco y de la mina “Yerbabuena” a través de la empresa Consorcio Minero Unido. Prodeco opera desde 1998 y extrae más de 13 millones de toneladas al año de carbón térmico. En total, la cantidad de carbón extraída por las empresas asociadas a Glencore superó los 18 millones de toneladas en 2013, lo que significó 41% del carbón extraído de la zona centro de Cesar. La empresa tiene responsabilidad en los “reasentamientos involuntarios” de las comunidades de Plan Bonito, El Hatillo y El Boquerón, y obligaciones directas con las comunidades en las zonas de influencia directa de la red férrea y los puertos marítimos utilizados para exportar el mineral.

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Las operaciones industriales de las distintas minas asociadas a Glencore en Cesar han deteriorado paulatinamente los recursos naturales que dieron sustento a comunidades rurales y semi-rurales por varias generaciones. Este es el caso de las comunidades rurales de Plan Bonito, El Hatillo y El Boquerón en Cesar, las cuales están en proceso de “reastenamiento involuntario” por la contaminación atmosférica por polvillo de carbón en la zona. No obstante, estas comunidades también presenciaron la degradación paulatina de sus fuentes hídricas, suelos, fauna y flora desde finales de los noventa.

También es el caso de  comunidades semi-rurales a lo largo de la vía férrea que conecta las minas de extracción en Cesar con los puertos de embarque y exportación marítima en las bahías de Ciénaga y Santa Marta en Magdalena. Una de ellas es Don Jaca, una comunidad de pescadores que fue cercada por los puertos carboníferos y la vía férrea y ya no puede ejercer la pesca artesanal. Así, es claro que, en la medida en que el Estado colombiano superpone la actividad minera sobre los derechos fundamentales de sus ciudadanos, todas las etapas de la actividad de Glencore (la minería a gran escala y el transporte marítimo y terrestre del carbón) forzan a las comunidades locales a desplezarse por la degradación ambiental del territorio y la subsecuente pérdida de las actividades productivas.

Reasentamientos por contaminación ambiental

Los reasentamientos de Plan Bonito, El Hatillo y El Boquerón fueron ordenados por el Ministerio de Ambiente en 2010 debido a los altos niveles de contaminación de aire generados por la extracción de carbón a cielo abierto. En total son más de 500 familias que son afectadas por la contaminación atmosférica  causada por el polvillo de carbón, generando graves impactos en la salud, economía y cultura de las comunidades que habitan en la zona de explotación. Las tres comunidades debieron haber sido reasentados en septiembre de 2011 (Plan Bonito), y septiembre de 2012 (Boquerón y El Hatillo) respectivamente. La falta de cumplimiento de estos plazos y la falta de planes de transición originó la violación de múltiples derechos humanos, causando por ejemplo en El Hatillo una grave crisis nutricional, confirmada por una misión de verificación de Naciones Unidas y OCHA.

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Actualmente cursan en contra de las empresas filiales de Glencore en Colombia – diez y siete (17) procesos sancionatorios ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por daños ambientales producidos con la operación de sus minas “Calenturitas” y “La Jagua”. Entre las afectaciones más graves están aprovechamientos forestales sin autorización, intervenciones indebidas de recursos hídricos, vertimiento de desechos mineros tóxicos en el río Calenturitas causando su total taponamiento, desviación indebida de ríos, perforaciones no autorizadas en suelo y subsuelo y la utilización de botaderos mineros adicionales; todas estas afectando recursos naturales, en ocasiones de manera irreversible. Estos daños ocasionados en el Cesar generaron entre 2007 y 2009 diez (10) sanciones formales impuestas por las autoridades ambientales. En 2013 la ANLA impuso la medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de explotación y desarrollo minero en el tajo CD y el Botadero Sur de la mina Calenturitas por intervenir ecosistemas y realizar explotación minera más allá de los límites permitidos.
Frente a los incumplimientos ambientales y también tributarios se solicitó al Gobierno la apertura de investigaciones y se han hecho las denuncias ante las autoridades competentes. En relación a los desplazamientos ordenados por el Gobierno se han instalado mesas de negociación y se han hecho denuncias ante medios de comunicación.  A pesar de que los resentimientos de las comunidades de Boquerón y del Hatillo no se han llevado a cabo aún, la mina Calenturitas de Prodeco recientemente logró la autorización de la ampliación de su mina para aumentar sus niveles de producción de carbón incrementando la contaminación existente en estas poblaciones. Glencore niega los impactos de la minería en estas comunidades.

En una visita sin precedentes en Colombia, Iván Glasenberg, Presidente de Glencore, reconoció frente a la Comunidad del Hatillo, en el Paso, Cesar, la necesidad de realizar el reasentamiento tan bien y tan rápido como sea posible. Así mismo expresó su compromiso personal con la Comunidad en proceso de Reasentamiento de entablar  conversaciones con los presidentes de las otras compañías responsables del  reasentamiento (Refiriéndose a Goldman Sachs y Drummond) para que también comprendan esta necesidad y hagan lo debido por agilizar el proceso. La base del diálogo de estos espacios fue el “Informe  Sombra  de Sostenibilidad  de las operaciones  de Glencore en Colombia”, donde tras 4 años de investigación estas dos ONGs presentan los hechos y consideraciones de los impactos de las operaciones de explotación de carbón a cielo abierto de la empresa en el centro del Cesar. Informe que la empresa conoció en un primer momento y que generó en gran parte la visita de Glasenberg a Colombia.

Evasión de impuestos

La ley Colombiana establece que todas las empresas, nacionales o internacionales deben declarar su situación de control sobre otras empresas (declarar el grupo empresarial), lo cual tiene efectos sobre el pago de impuestos y regalías ya que, si existe un grupo, el pago de impuestos y regalías se calcula sobre la producción total, mientras que si no se declara el grupo, el pago de impuestos y regalías se calcula sobre cada proyecto por aparte. Al dividir los proyectos se puede declarar que la producción, en este caso de carbón, es de mediana escala, por lo que se cobra un porcentaje menor que si se declarara la producción gran escala. Al sumar la producción de todos los proyectos se declara producción a gran escala, lo que aumenta el pago de impuestos y regalías.  Glencore, a pesar de controlar 5 compañías, evadió su responsabilidad legal de hacer la declaratoria. Fue solo hasta principios de 2012 que,  a raíz de la apertura de una investigación por parte de la autoridad competente, se declaró el grupo empresarial y se impuso una sanción a Glencore. Esta sanción fue apelada y aún no ha sido ni resuelta, ni pagada. Adicionalmente, en el mes de mayo de 2015 la empresa Prodeco, junto con el Estado colombiano, fueron condenados a pagar 60.000 millones de COP, algo más de 20.4 millones de USD, por cambios insertados en su contrato de Gran Minería que generó modificaciones en relación con la liquidación de regalías y otras contraprestaciones económicas, que significaron la disminución en el pago de las mismas afectando el patrimonio público. Esta sanción impuesta por la Contraloría General de la Nación, que también se encuentra en apelación, busca resarcir a las regiones y comunidades afectadas que se vieron afectadas por no recibir las regalías.

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Políticas empresariales antisindicales

glasembergOtro aspecto crítico en Colombia son los derechos laborales y sindicales. Se puede observar una sistemática política antisindical en las filiales de Glencore, como lo son el no-cumplimiento de las Convenciones Colectivas pactadas, constantes presiones para que trabajadores no se afilien a un sindicato o se desafilien, pago de mayores beneficios sociales a trabajadores no sindicalizados para desestimular la afiliación, inflexibilidad en las negociaciones colectivas de trabajo llevando los pliegos a tribunales de arbitramiento, demoras en la conformación de estos tribunales y la sistemática apelación de cualquier fallo que salga a favor de los trabajadores de sus minas. Esta situación ha llevado a muchas protestas de los trabajadores, como una huelga de 98 días en 2012 en Carbones de La Jagua de Glencore donde participaron alrededor de 2500 trabajadores directos de la mina. Igualmente han sido frecuentes las amenazas de muerte proferidas por grupos ilegales en contra de los sindicatos. Durante 2014, líderes sindicales de las minas de carbón han recibido amenazas constantes, sin que medidas de protección eficaces hayan sido tomadas de parte de las autoridades o de la empresa. Recientemente Carbones de la Jagua fue sancionada con 127.000 USD por mantener a sus trabajadores enfermos encerrados en containers, haciéndolos cumplir sus horas de trabajo en precarias condiciones sin darles la opción de reubicación según lo indica la ley colombiana. Algunos de ellos han expresado llevar casi 4 años en esta situación.